Este lunes 14 de julio de 2025, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska debe resolver si concede a Argentina una suspensión del fallo que exige entregar el 51 % de las acciones de YPF, decisión firmada el 30 de junio como parte de una condena por USD 16 100 millones derivada de la nacionalización de la petrolera en 2012 . Hasta ahora, el Gobierno argentino ratificó su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, buscando frenar cualquier transferencia accionaria durante el proceso jurídico .
El pedido oficial de “stay” se sustenta en argumentos legales sólidos: se alega que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y contradice la normativa argentina que exige aprobación legislativa con mayoría especial para traspasar acciones estatales . Además, el Gobierno advierte que la ejecución anticipada del fallo podría causar un “daño irreparable” a la soberanía y comprometer el control estatal de YPF, incluso si la apelación prospera en instancias superiores .
El escenario global es complejo: el fallo original ha impactado ya en los mercados, con caídas del valor de las acciones de YPF tanto en Buenos Aires como en Nueva York (). Si Preska acepta la suspensión solicitada, Argentina ganaría tiempo y evitaría una transferencia inmediata de las acciones. En caso contrario, podría enfrentar embargos inminentes o la ejecución forzada del traspaso . Mientras tanto, el país mantiene activa su estrategia legal y no descarta acudir a la Corte Suprema de EE. UU. si es necesario