El Gobierno avanzó con un nuevo recorte de atribuciones sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) mediante el Decreto 812, que prohíbe al organismo intervenir en precios, oferta y demanda, y obliga a readecuar su normativa en 30 días. La medida profundiza lo dispuesto por el DNU 70/23, que ya había eliminado su capacidad de fijar valores de la materia prima. Según el Ejecutivo, el objetivo es “modernizar” al instituto y limitarlo a tareas de control de calidad.
La reacción en Misiones fue inmediata. En comunicación con Red Ciudadana, Julio Peterson, referente yerbatero y funcionario provincial, calificó la decisión como “catastrófica para el sector productivo”, asegurando que golpeará especialmente “al pequeño y mediano productor, a las cooperativas y a los trabajadores”. Además, advirtió que Nación “deshuesó al INYM” al derogar artículos claves que regulaban cosecha, plantaciones, plazos de pago y límites productivos. “Hoy podés cosechar los 365 días del año sin ningún problema”, cuestionó, y remarcó que la industria “va a disponer de la manera que quiera”.
Peterson fue más allá y planteó dudas sobre el destino de los fondos recaudados: “Yo quiero saber dónde está la plata estos dos últimos años. Antes había herramientas, motobombas, modernización para los secaderos; hoy no hay nada”. Para el dirigente, las modificaciones dejan al instituto “a disposición de las grandes industrias” y replican según él, de forma más grave el deterioro vivido en los años 90. Pese a todo, reclamó que se nombre un presidente del INYM para evitar su desaparición total: “Aunque quede sin piernas y sin brazos, por lo menos después se le puede poner una prótesis y hacerlo caminar de nuevo”.