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Red Ciudadana

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Peña al límite: la oposición impulsa su juicio político por el desvío de fondos públicos al Banco Ueno

La Cámara de Diputados de Paraguay llevará a cabo este jueves una sesión extraordinaria para tratar el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña. La convocatoria, oficializada por el titular del cuerpo, Raúl Latorre, se resolvió tras una reunión de urgencia en la residencia oficial de Mburuvichá Róga entre el mandatario y una treintena de legisladores oficialistas, en el marco de una profunda crisis institucional desatada por el escándalo del grupo financiero Ueno Bank.

El libelo acusatorio presentado por la oposición consta de cinco ejes centrales que buscan acreditar la responsabilidad política del jefe de Estado por presunto mal desempeño en sus funciones. Los cargos señalan la utilización de las estructuras gubernamentales para favorecer intereses económicos privados, citando el millonario direccionamiento de fondos públicos hacia la mencionada entidad crediticia: unos 350 millones de dólares provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS) y más de 230 millones del Ministerio de Economía y Finanzas.

La controversia escaló tras las revelaciones del Banco Central del Paraguay y el Ministerio Público sobre maniobras de “venta simulada de cartera”. De acuerdo con la investigación, la entidad bancaria habría orquestado una transferencia irregular de créditos incobrables hacia la firma Vinanzas S.A. —también ligada al mismo grupo empresarial— para eludir las exigencias de la Superintendencia de Bancos, pagándose de forma implícita a sí misma para sanear sus balances de manera fraudulenta.

El expediente suma además condicionantes de tinte internacional a partir de los pasivos del grupo y sus vínculos con una entidad bancaria de Hungría que posee el 9,9% del paquete accionario de Ueno. Tratativas recientes encaradas en Europa para conseguir un rescate financiero naufragaron debido a que la firma húngara se encuentra bajo investigación de agencias federales de Estados Unidos por presunta alteración de balances para cotizar en bolsa. Un delito que encendió las alarmas de los organismos de control norteamericanos.

El debate parlamentario pondrá a prueba la cohesión del bloque oficialista en la Cámara Baja y marcará un punto de inflexión para la estabilidad institucional del gobierno paraguayo, en un escenario donde la oposición exige determinar responsabilidades penales y políticas por el perjuicio ocasionado a las arcas del Estado.