El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que la provincia presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el inmediato restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que, según denunció, fueron “suspendidos de manera ilegítima” por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desde marzo de 2025. La medida fue presentada por el Fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, y busca también garantizar la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
Passalacqua indicó que la acción judicial incluye el reclamo del pago de retroactivos adeudados y la nulidad de las auditorías realizadas en la provincia, que habrían sido implementadas de manera irregular. Según denuncias de los beneficiarios, estas auditorías incluyeron certificados falsos y entrevistas realizadas por personas que no serían médicos profesionales. La presentación judicial busca establecer medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones y procedimientos adecuados.
El recurso de amparo es un instrumento judicial expedito y extraordinario que permite proteger derechos fundamentales cuando son amenazados o vulnerados por actos ilegales o arbitrarios de autoridades públicas o particulares. A diferencia de un juicio común, el amparo tiene un trámite rápido y puede derivar en medidas inmediatas, incluida la declaración de inconstitucionalidad de normas o decisiones administrativas que restrinjan derechos.
En su presentación, la provincia solicitó formalmente al Poder Judicial: el restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos, el pago de los retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías de la Andis y la implementación de nuevos procesos de control que sean transparentes, profesionales y accesibles. El objetivo de Misiones es asegurar que las personas con discapacidad puedan recibir sus prestaciones sin demoras y que los procesos cumplan con los estándares de legalidad y protección de derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.