La Justicia Federal de San Martín suspendió por seis meses el decreto 461/2025 del presidente Javier Milei, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida cautelar fue otorgada tras un recurso presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), y prohíbe al Gobierno ejecutar despidos, traslados, cesantías o eliminar estructuras vinculadas al organismo durante ese período. La jueza Martina Isabel Forns fundamentó su fallo en la protección de derechos laborales y la necesidad de evitar “perjuicios irreparables” a los trabajadores.
En su resolución, la magistrada sostuvo que el decreto vulnera normas laborales vigentes y garantías constitucionales, citando además convenios internacionales de la OIT. Criticó especialmente la imposición de una “fecha de vencimiento” a la estabilidad laboral y el control discrecional del Ministerio de Desregulación sobre los movimientos del personal. Aunque no declaró la nulidad del decreto, ordenó mantener el statu quo hasta que se analice el fondo del caso.
Desde el gremio Sevina celebraron el fallo como un respaldo legal crucial para defender la estabilidad laboral y la continuidad institucional de Vialidad Nacional. El decreto había sido parte de un plan de reorganización estatal que también contemplaba la disolución de otros organismos vinculados al tránsito y la seguridad vial, cuyas funciones pasarían al Ministerio de Economía. La resolución judicial representa un obstáculo significativo para la implementación de esas medidas.