El Gobierno nacional promulgó la nueva Ley de Modernización Laboral, una reforma que introduce cambios profundos en la normativa del trabajo en Argentina y vuelve a poner en debate el equilibrio entre protección laboral y costos empresariales. La iniciativa modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, redefine la presunción de relación laboral y crea un sistema alternativo para financiar indemnizaciones por despido.
Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo financiado por aportes mensuales de las empresas destinado a cubrir indemnizaciones y otros pagos derivados de la finalización de contratos. Además, la ley habilita que, mediante convenios colectivos, se implementen sistemas de cese laboral similares al modelo vigente en la construcción. También introduce límites a los costos judiciales en litigios laborales y permite que las sentencias se paguen en cuotas.
La reforma incluye además cambios en la presunción de vínculo laboral —que ya no se aplicará automáticamente cuando exista facturación formal— y establece que los trabajadores de plataformas tecnológicas serán considerados prestadores independientes. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal. Sin embargo, sindicatos y especialistas advierten que la norma podría modificar el balance de poder entre empresas y trabajadores, un debate que promete seguir abierto en tribunales, gremios y empresas.
