El Gobierno provincial presentará una acción judicial contra las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad. Denuncian irregularidades en el procedimiento y exigen la restitución de pensiones suspendidas.
El Gobierno de Misiones anunció que acudirá a la Justicia federal para detener la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad. La decisión se tomó tras detectar graves irregularidades en las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI en la provincia. Según explicaron, la medida busca proteger los derechos de las personas afectadas y garantizar un proceso transparente.
Tatiana Antunez, titular del Consejo Provincial de Discapacidad, explicó que la resolución judicial responde a un límite en la relación con las autoridades nacionales: “Ayer fue la gota que rebalsó el vaso de todas las acciones que venía llevando adelante la Agencia Nacional de Discapacidad en conjunto con el PAMI. Vimos muchísimas irregularidades que no garantizan la transparencia del proceso bajo ninguna circunstancia, ni la accesibilidad para las personas con discapacidad”.
La funcionaria aclaró que la provincia no rechaza las auditorías, pero sí el modo en que se aplican. “Estamos a favor de que se realicen auditorías, pero lo que no queremos es que haya vulneración de derechos de por medio, ni que participen militantes sin formación profesional. Queremos que se reintegren las pensiones no contributivas que fueron quitadas de manera arbitraria”, remarcó.
Antunez señaló además que “tenemos más de 100 casos reclamados a la Agencia Nacional de Discapacidad de suspensiones sin haber recibido la carta documento, y más de 5.000 consultas en todo este proceso”. Y agregó que entre los afectados hay personas que por su estado de salud no pueden trasladarse a una auditoría: “Hay beneficiarios postrados en sus casas, con problemas de movilidad o de salud mental, que nunca iban a poder llegar. El canal de comunicación habilitado para justificar la inasistencia está colapsado y rebota los correos, por lo que la notificación nunca llega”.
La provincia busca ahora que la Justicia ordene la restitución de las pensiones suspendidas y suspenda las auditorías mientras no se garantice un procedimiento adecuado. “No puede ser posible que continúe la auditoría de la forma en la que se están llevando adelante. Lo que pasó en San Ignacio es una irresponsabilidad total por parte de la institución”, advirtió Antunez.