El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso, lo que abrió un nuevo conflicto con la oposición. El proyecto garantizaba la actualización automática de gastos de funcionamiento, salarios y becas en las universidades, pero el Gobierno lo consideró incompatible con la meta de déficit cero y advirtió que implicaba un gasto adicional de más de un billón de pesos en 2025.
La Casa Rosada argumentó que la norma carecía de fuentes de financiamiento claras y que su aplicación sólo podría sostenerse con emisión monetaria, lo que generaría mayor inflación. En paralelo, el Ejecutivo también anticipó que vetará otras leyes recientes vinculadas a pediatría, el Hospital Garrahan y la distribución de fondos del Tesoro Nacional.
Frente a esta situación, distintos bloques opositores evalúan convocar a una sesión especial para intentar rechazar el veto, aunque para lograrlo necesitarán reunir dos tercios de los votos. Gobernadores y rectores universitarios respaldan el reclamo, mientras que el oficialismo insiste en que no se pondrá en riesgo la estabilidad fiscal.
