En un nuevo revés judicial para la Argentina, la jueza federal estadounidense Loretta Preska ordenó que el país transfiera el 51% de las acciones clase D de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera. La resolución responde al litigio iniciado por el fondo Burford Capital y obliga a realizar la transferencia dentro de un plazo de 14 días, a través de una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon.
La magistrada rechazó además el pedido del Estado argentino para realizar una nueva audiencia oral, considerando que el caso ya contaba con suficiente documentación. De esta manera, dio por concluida esta instancia del proceso judicial, dejando al Gobierno sin nuevas oportunidades de defensa en el tribunal de primera instancia.
El analista Sebastián Marill advirtió que la situación pudo haberse evitado si Argentina hubiera presentado una garantía en enero de 2024, lo que habría frenado el avance de los embargos. Al no hacerlo, los activos del Estado quedaron expuestos, entre ellos la participación accionaria en YPF. Aunque el Gobierno anunció que volverá a apelar, el conflicto sigue escalando y ya suma tres apelaciones activas en los tribunales estadounidenses.