Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la decisión que permite a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumplir prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Monserrat, y solicitaron que sea trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. También propusieron que, si se mantiene el arresto domiciliario, este se cumpla en otro lugar debido a los problemas de seguridad y convivencia registrados en la zona.
Según los fiscales, no existen motivos válidos para apartarse de la regla general establecida por el Código Penal y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que establece que las condenas deben cumplirse en establecimientos penitenciarios. Argumentaron además que la edad de la ex mandataria, de 72 años, no constituye un impedimento real y obligatorio para el cumplimiento intramuros de su condena.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 había otorgado la prisión domiciliaria por razones humanitarias y de seguridad, considerando su rol institucional y el intento de magnicidio que sufrió en 2022. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esa decisión y advirtió que otros condenados en la causa “Vialidad” no recibieron un trato diferenciado y ya están cumpliendo prisión en cárceles federales.
Entre los fundamentos de su apelación, Luciani y Mola también citaron un informe del gobierno porteño que alerta sobre las complicaciones que genera la presencia de la ex presidenta en su domicilio actual, como marchas, ruidos, obstrucción de servicios y riesgos para su propia seguridad. Ahora será la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá resolver el pedido, junto a otras apelaciones pendientes en la misma causa.