La Fiscalía General de Paraguay llevó adelante un allanamiento en una residencia atribuida al expresidente Santiago Peña en la localidad de San Bernardino, a 50 kilómetros de Asunción, en el marco de las causas penales derivadas del colapso del grupo financiero Ueno Bank y la reciente destitución del mandatario mediante juicio político. Durante el operativo, los investigadores detectaron la presencia de una bóveda de alta tecnología oculta detrás de una pared falsa.
El procedimiento se concretó en una propiedad ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en el departamento de Cordillera, bajo las directivas de los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore. Según reportes de los diarios ABC Color y Última Hora, la estructura dispone de mecanismos avanzados de seguridad que incluirían sistemas de escaneo biométrico por reconocimiento de iris. Hasta el momento, las autoridades no han informado si los técnicos lograron franquear el compartimiento blindado ni se determinó qué tipo de elementos o documentación permanecen guardados en su interior.
La diligencia judicial apunta a reconstruir la evolución patrimonial de Peña y establecer la correspondencia entre sus ingresos declarados y los activos adquiridos durante su gestión. La vivienda intervenida abarca una superficie construida superior a los 1.000 metros cuadrados sobre un lote de 5.000 metros cuadrados, con una tasación que roza los 7.750 millones de guaraníes. El foco del Ministerio Público recae sobre las condiciones de financiamiento de la finca, la cual se habría edificado con el respaldo de dos créditos otorgados en 2024 por Ueno Bank por una suma equivalente a 560.000 dólares, con cuotas mensuales proyectadas en 239 millones de guaraníes.
Aunque la existencia de una cámara acorazada no constituye de por sí un delito, la representación fiscal evalúa si los elementos almacenados o los movimientos vinculados a la finca aportan material probatorio al expediente por presunta administración en provecho propio y lesión de confianza. El hallazgo añade una arista de alta tensión al escenario judicial paraguayo, mientras la Justicia avanza sobre las responsabilidades operativas y políticas que desencadenaron la crisis en el sistema financiero.
