El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial. De esta manera quedó formalizada la Ley 27.801, sancionada por el Congreso a fines de febrero, que introduce un sistema actualizado de responsabilidad penal para adolescentes y reemplaza la normativa vigente desde 1980.
La nueva legislación establece la imputabilidad desde los 14 años para delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales. El sistema regirá hasta que el imputado cumpla 18 años y fija un máximo de 15 años de prisión, incluso cuando la escala penal del delito sea superior. Además, prohíbe la prisión perpetua para menores y establece que la privación de la libertad deberá ser siempre una medida excepcional.
El nuevo régimen prioriza medidas educativas y de reinserción social, como programas de formación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, actividades deportivas o culturales, servicios comunitarios y mecanismos de reparación del daño a la víctima. También se contempla el uso de monitoreo electrónico para supervisar el cumplimiento de determinadas sanciones.
La norma prevé que los casos sean tratados por jueces, fiscales y defensores especializados en derecho penal juvenil y garantiza principios como el debido proceso, la defensa y la reserva de identidad del adolescente. Además, promueve herramientas alternativas al juicio, como la mediación penal juvenil.
Con la entrada en vigencia del nuevo sistema —prevista dentro de 180 días— quedará derogada la Ley 22.278, que regía desde 1980. Para su implementación inicial, el Estado destinará más de 23.700 millones de pesos, principalmente a la Defensoría General de la Nación y al Ministerio de Justicia de la Nación Argentina. ⚖️
