El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La medida, oficializada mediante el Decreto 461/2025, se dio en el último día de aplicación de las facultades delegadas por ley y fue justificada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, con argumentos contra la corrupción en la obra pública vinculada a la causa Vialidad .
La reestructuración profunda incluye la creación de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que reemplazará a la CNRT, y la apertura inmediata de licitaciones para 9.120 km de rutas nacionales, buscando mejorar transparencia y eficiencia . El gobierno sostiene que la reorganización eliminará duplicaciones administrativas —la DNV contaba con 5.184 empleados— y ahorrará cerca de 100 millones de dólares al año ().
Según la Casa Rosada, esta “acta de defunción” de la corrupción marca un hito en el uso de las facultades delegadas para optimizar el Estado, no para imponer controles excesivos, reduciendo gasto público y agilizando procedimientos . Sin embargo, gremios viales y sectores críticos alertan sobre el impacto en empleos y el mantenimiento de rutas tras la disolución de Vialidad Nacional
