La administración ilegítima británica de las Islas Malvinas, con el respaldo directo del gobierno del Reino Unido, extendió por un plazo de cinco años las licencias offshore para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. La medida, que además contempla la posibilidad de una prórroga adicional por dos años condicionada al cumplimiento de metas de trabajo, busca brindar previsibilidad financiera a los operadores internacionales que operan en la cuenca del archipiélago en un contexto de renovada fricción diplomática con la República Argentina.
El marco regulatorio beneficia a firmas como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, principales operadoras del proyecto Sea Lion ubicado a 220 kilómetros de la costa de las islas, cuya extracción comercial de crudo está proyectada para iniciarse en marzo de 2028. La decisión británica se adoptó en abierta contradicción con las disposiciones dictadas por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien ordenó a ambas compañías abstenerse de continuar con las obras de infraestructura tras un amparo impulsado por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Frente a este escenario, la Cancillería argentina ratificó la ilegalidad de las licencias unilaterales al recordar la vigencia de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual prohíbe la alteración unilateral de la situación en las áreas en disputa mientras subsista la controversia de soberanía. En contraposición, las autoridades británicas rechazaron la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre las empresas petroleras presentes en la zona, defendiendo la explotación de los recursos naturales en la plataforma continental.
