En una sesión cargada de cruces políticos y técnicos, el Senado otorgó media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. El oficialismo consiguió respaldo transversal, mientras que la oposición advirtió sobre posibles conflictos legales y ambientales.
Uno de los puntos más discutidos fue el artículo que habilita a las provincias a definir la autoridad de aplicación encargada de identificar glaciares y ambientes periglaciares en sus territorios, con base en criterios técnico-científicos. Desde el oficialismo defendieron la reforma en nombre del federalismo y la potestad provincial sobre los recursos naturales; sectores críticos alertaron que se fragmentarán criterios de protección y se debilitará el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
El debate dejó posturas irreconciliables: mientras algunos senadores plantearon que “agua y desarrollo no son enemigos”, otros advirtieron que una flexibilización podría derivar en litigios de inconstitucionalidad y afectar compromisos ambientales asumidos por el país. La discusión, lejos de cerrarse, tendrá su capítulo decisivo en Diputados.
