El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves por la noche el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una norma que acorta drásticamente los plazos judiciales para ejecutar desalojos en inmuebles usurpados, endurece los requisitos estatales para expropiar bienes y restablece los límites vigentes sobre la extranjerización de tierras rurales. La sanción definitiva se alcanzó con 42 votos afirmativos y 26 negativos, gracias al respaldo de La Libertad Avanza junto a la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones.
La aprobación culmina un trámite parlamentario complejo en el que el Poder Ejecutivo debió ceder en sus metas iniciales para sostener el resto de la reforma. Aunque el proyecto original buscaba derogar las restricciones de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) en sintonía con el DNU 70/23, el oficialismo primero retiró los capítulos vinculados a tierras y manejo del fuego durante el debate en comisión; luego, en la Cámara de Diputados, la oposición reincorporó la vigencia plena de esa normativa tras los fallos de la Corte Suprema sobre el decreto presidencial, obligando al oficialismo a convalidad esa redacción en la Cámara alta.
Los ejes centrales de la nueva ley
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Restitución de la Ley de Tierras: Se restablece la vigencia de la Ley 26.737 (derogando el artículo 154 del DNU 70/23), que fija topes a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además del límite máximo de 1.000 hectáreas (o su equivalente) en zonas núcleo productivas, espejos de agua y áreas de seguridad de frontera.
- Desalojos exprés: Se reforma el régimen procesal para acelerar la restitución de campos, terrenos y viviendas ocupadas o con tenencias irregulares, permitiendo al propietario acreditar su titularidad y solicitar la desocupación judicial inmediata bajo caución juratoria en plazos sustancialmente menores a los actuales.
- Límites a las expropiaciones: Se modifica la Ley de Expropiaciones para restringir las facultades del Estado al momento de declarar la utilidad pública de un inmueble, exigiendo fundamentación estricta y condicionando la transferencia efectiva del dominio al pago previo e íntegro de la indemnización correspondiente.
