El Senado de Paraguay dio inicio este jueves a las instancias formales del juicio político contra el presidente Santiago Peña, tras una vertiginosa jornada marcada por la frustrada renuncia del mandatario y la aprobación unánime de la acusación en la Cámara de Diputados. Con un contundente respaldo de 78 votos en la Cámara Baja, el proceso pasó a manos de la Cámara Alta, la cual se constituyó como tribunal para evaluar la responsabilidad del jefe de Estado en el marco del escándalo financiero por la intervención de Ueno Bank.
La tensión política escaló durante la tarde cuando una sesión bicameral convocada para tratar la dimisión de Peña naufragó por falta de quórum. La maniobra se desató luego de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto para evitar una votación dividida. Mientras sectores de la oposición advertían que la aceptación de la renuncia buscaba otorgarle al mandatario los fueros correspondientes a su inminente condición de senador vitalicio, el oficialismo intentaba articular una salida institucional rápida frente al colapso del gabinete.
Fracasada la vía de la dimisión, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó a una plenaria de urgencia para activar el mecanismo de juzgamiento político. En este escenario, el senador Derlis Maidana confirmó la citación formal para que el titular del Ejecutivo se presente este viernes a las 09:00 horas ante el pleno del Senado a fin de exponer sus descargos, exhibir pruebas y ejercer su defensa de manera personal o a través de representantes legales.
Poco después de conocerse el avance del tribunal parlamentario, Santiago Peña recurrió a sus redes sociales para ratificar su comparecencia. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, expresó el mandatario, añadiendo que su deber es colaborar con el esclarecimiento de las irregularidades. En su mensaje, el presidente también exigió que el debate político no opaque la urgente necesidad de garantizar el dinero de los ahorristas afectados por la crisis bancaria, sentenciando que su suerte personal se subordina al bienestar del país.
